a) La regulación legal del derecho de cita.
El derecho de cita supone una limitación objetiva a los derechos otorgados por la ley a los autores de creaciones intelectuales. El derecho de autor no está configurado como un derecho absoluto y la ley determina los límites en el ejercicio del mismo. El bien jurídico protegido es la autoría de una obra intelectual. El límite de un derecho encuentra su frontera cuando choca o lesiona el ejercicio de otro derecho. El ordenamiento jurídico español delimita el contenido de los derechos a la libertad de información y a la cultura. El bien jurídico protegido es el derecho de informar y el acceso a la cultura. El derecho de cita supone otorgar a las personas un derecho de información que restringe o limita los derechos legítimamente derivados de la autoría de una obra. Como es común en estos casos estos límites impuestos ex lege a un derecho deben ser interpretado siempre restrictivamente, de modo que no se perjudique de forma injustificada a los autores y demás titulares del mismo
A prima facie, podemos definir el derecho de cita como al fragmento de una obra ajena que se incluye en la obra propia a título de análisis, comentario o juicio crítico y con fines de docencia o investigación. Para no generar derechos a favor del autor de la obra citada es necesario que la obra ajena esté ya divulgada y que la cita no exceda de lo que justifique su finalidad. La cita ha de indicar la fuente: el autor, el título de la obra y la fecha de divulgación, que es normalmente la que se señala junto al símbolo de copyright.
La Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI), es la fuente normativa básica que regula los derechos derivados de la creaciones intelectuales y, por ende, de sus límites: entre ellos, el derecho de cita. Esta ley se aprobó por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.(1)
Veamos como se expresa la LPI en relación al derecho de cita.
“1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.
2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.
No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.”
Este artículo ha sido modificado por la ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Asimismo hay que tener en cuenta el art. 10 del Convenio de Berna enmendado en 1979, que establece tres requisitos para legitimar el derecho de cita: divulgación de la obra, que la cita se efectúe de acuerdo con el uso leal y que se realice en la proporción justificada por el fin que se persigue, debiéndose hacer mención a su fuente y autor.
“1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.3) Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.”
b) Interpretación del artículo 32. párrafo primero de la LPI.
Como vemos el elemento clave es la interpretación que podamos hacer de la frase utilización para fines docentes o de investigación. Veamos que dice al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. (DRAE), según establece el párrafo primero, que será el objeto de este análisis, para no alargar excesivamente el artículo. Pues su párrafo segundo en relación al denominado Press Clipping excede de los objetivos previstos. Dice el DRAE que:
Dado que las normas positivas y el Derecho vigente en general se expresan y difunden mediante el lenguaje, consideramos que interpretar no puede ser otra cosa que reconocer, descubrir, captar o asimilar el significado, sentido y alcance de la norma jurídica. La labor de interpretación jurídica suele ser gramatical o lógica, según derive sus argumentos del lenguaje, es decir, de las leyes de la gramática y del uso del lenguaje o de su relación con otras leyes, del mayor valor de uno u otro resultado.
Por ello, la labor interpretativa debe atender en primer lugar a realizar un examen exhaustivo de la literalidad del precepto. Es decir, en primer término se debe atender a interpretar el significado de las palabras empleadas en la norma para descubrir su ratio legis. No sin recordar que esta labor interpretativa debe ser restrictiva, para no lesionar o perjudicar de forma injustificada los legítimos derechos de los autores.
La frase con fines docentes nos conduce a una solución muy restrictiva del derecho de cita. Prácticamente este derecho ha quedado reducido a mínimos, si atendemos a que la utilización quede supeditada a esta finalidad, pues de hecho, únicamente, se encontrarán amparados bajo la normativa legal las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.
La expresión para fines de investigación dan un margen mucho más amplio. Amplio, porque cualquier persona se encuentra perfectamente capacitada, para llevar a cabo una investigación o estudio de un tema cualquiera y realizar la inclusión de la cita, para, con un espíritu crítico, valorar y reseñar los puntos de encuentro o desencuentro con el mismo, o cuales serían sus aportaciones al respecto. Yo creo que del espíritu de la ley se desprende una clara e inequívoca actitud del legislador de intentar evitar la reproducción parasitaria sin ninguna aportación que afecte la normal explotación de la obra.
c) El derecho de cita y su utilización en los blogs
De todo lo expuesto hasta ahora, es fácil deducir que no existe ningún impedimento que obstaculice, restringa o evite la utilización por todos los autores de Blogs del recurso a la cita, sin necesidad de contar con la autorización del titular de los derechos de explotación, siempre que se respeten los presupuestos objetivos establecidos en la norma. A mi juicio son los siguientes:
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Se debe de tratar de obras divulgadas
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Sólo se permite la inclusión de un fragmento para utilizarlo como cita para comentarlo, analizarlo o valorarlo.
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Sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación.
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No cabe hacer un uso indiscriminado de este recurso.
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Se debe indicar claramente la fuente: el autor y el título de la obra y la fecha de divulgación.
(1) Esta normativa ha sufrido varias modificaciones. Ley 5/1998, de 6 de marzo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 96/9/CE, de 11-3-1996, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de las bases de datos (BOE núm. 57, de 7-3-1998), la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición final segunda y la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (BOE núm 134, de 6-6--2006). La Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal ha derogado el artículo 54 de esta Ley (BOE núm. 164, de 10-07-2003, pp. 26905-26965). La ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril ha modificado los artículos 18, 19, 20, 25, 31, 32, 37, 90, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 126, 138, 139, 141; así como también ha añadido un artículo 31bis, Título V del Libro III y la disposición transitoria decimonovena (BOE núm. 162, de 08-07-2006, pp. 25561-25572).
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